Genera
las condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios
públicos y sociales, a través de la planificación del desarrollo económico,
social, ambiental del territorio y, de
la administración efectiva de los recursos, propiciando la participación
ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes
constitucionales y la convivencia pacífica de sus habitantes, con el fin de
mejorar su calidad de vida